Un amigo me acaba de pasar el Proyecto de Ley "Ómnibus", que el Ejecutivo envió al Congreso. En fin, consta de 664 artículos, que no solamente establecen cambios profundos en la economía, sino también en la educación, la salud, los contratos laborales, etc. En síntesis: Es letal. Tiene algunos puntos rescatables, pero son ínfimamente minoritarios.
Vale decir que, en el caso de ser aprobado a libro cerrado y sin ninguna modificación, nos va a liquidar a todos. El artículo 1° dice: "La presente Ley tiene como objeto promover la iniciativa privada". Toda una declaración de principios, ya desde el arranque. Ese espíritu se naturaliza a lo largo de 183 páginas, que resultan completamente ilegibles para cualquier persona común, por la magnitud de fojas que tiene un "ladrillo" de esa naturaleza. Pero eso sí, todo sea en nombre de la libertad, tal es el emblema que pretende justificar esta aberración y barrer de un plumazo con los derechos adquiridos. Es probable que los legisladores de LLA, sumados a los de Juntos por el Cambio, tengan los votos suficientes para darle vía libre a esta sinvergüenzada. Párrafo aparte, tratándose de un proyecto que ha sido redactado por personas supuestamente instruidas, hay dos o tres faltas de ortografía que lo vuelven aún peor.
Es curioso al echar una rápida ojeada, ver cómo se repiten frases al estilo de "propiedad privada", y este paquete de leyes, por otra parte, le otorga facultades al Ejecutivo para privatizar empresas, lo cual no es novedad porque el propio Presidente deslizó ese deseo en varias ocasiones.
Los ministros de cada área tendrán mayor poder para hacer y deshacer a su antojo. Se contempla la posibilidad de disolver o fusionar dependencias públicas. Se podrán revender las entradas a los espectáculos deportivos sin ningún control. Todos los trámites de la administración pública deberán ser efectuados digitalmente. Las personas que viajen al Exterior y regresen trayendo en su equipaje objetos que hayan comprado "con fines no comerciales", no deberán pagar nada, ninguna tasa ni impuesto alguno. Claro que es demasiado subjetivo determinar si traer en una valija varios artículos de valor persigue fines comerciales o no.
En cuanto al blanqueo de capitales, no hay grandes requisitos ni impedimentos para hacerlo. Veamos: "Art. 133: El plazo para adherir al Régimen de Regularización de Activos se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2024. Art. 134- Manifestación de adhesión. Para adherir al presente Régimen de Regularización de Activos, el contribuyente deberá realizar su adhesión en la forma que indique la reglamentación. Al momento de manifestar su adhesión, no deberá aportar documentación o información adicional respecto de la adhesión al régimen".
Por otra parte, las compañías de seguros tendrán menos requisitos para operar, y podrán ampliar sus rubros casi sin ninguna restricción, lo cual hace pensar que en el caso de que se declaren insolventes, el asegurado no tendrá protección ni reclamo ante ello. En teoría seguirá funcionando un organismo de control, o una Superintendencia, pero su eficacia da lugar a dudas.
Los empleados podrán afiliarse libremente a la obra social que deseen, más allá del sindicato al cual pertenezcan. En principio, no está mal planteado. Después hay un capítulo íntegramente dedicado a las sociedades comerciales, a la constitución de las sociedades anónimas, y ya eso me excede porque no sé cómo se establecían hasta ahora.
Más adelante, el extenso texto hace referencia a las "pautas" publicitarias de los dirigentes políticos, o a nivel gubernamental. En el caso de los actuales funcionarios, no podrán utilizar las redes sociales para promoción personal. En teoría, también parece correcto. Se modifica la Ley de Movilidad Jubilatoria, o para ser más concretos, queda sin efecto, no hay tampoco una fórmula propuesta para incrementar los magros haberes que se cobran. Sólo se hace referencia a que el Estado priorizará "aumentos periódicos" al sector pasivo de menores ingresos, sin mayores especificaciones.
Las obligaciones fiscales (impuestos impagos), tendrán una suerte de moratoria, siempre que sean anteriores al 30 de noviembre de 2023. Se establece un plazo para que el contribuyente regularice su situación, y después si no lo hacés en ese período te hacen pedazos.
Más adelante, nos encontramos con una serie de "tablitas" o recuadros de difícil comprensión. Sigo mirando. Voy por la página 70, aproximadamente. Se modifica casi completamente la ley de hidrocarburos, y se extienden los plazos para la explotación de esos recursos naturales.
Página 120 (ya falta menos): Cambios en el Registro de la Propiedad Automotor. En materia de minoridad, se da marcha atrás en lo que se conoce como la "Ley de los Mil Días", que tiene que ver con la asistencia para el cuidado del embarazo y la primera infancia. Se crea una nueva asignación. Copio el artículo completo: "La Asignación por Embarazo para Protección Social consistirá en una prestación monetaria no retributiva mensual que se abonará desde el inicio del embarazo hasta su finalización, siempre que no exceda de nueve (9) mensualidades, debiendo solicitarse a partir de la decimosegunda (12) semana de gestación. Dicha asignación quedará sujeta al cumplimiento de los controles médico sanitarios que establezca la autoridad de aplicación".
Parafraseando a Milei, "hay más", mucho más, de lo que está explícitamente escrito en este megaproyecto, y las eventuales consecuencias que surjan -reitero- si este esperpento se aprueba sin el menor debate de diputados y senadores, ya que puede dar lugar a un nuevo orden social que nos sitúa lejos de la "Argentina potencia" que el Presidente nos quiere convencer que podemos ser. En rigor de verdad, nunca lo fuimos, ni lo vamos a ser. Hemos tenido prosperidad en algún momento del siglo XX, pero no al punto de ocupar una posición de liderazgo a nivel mundial. No los aburriré más, quizás si alguno de ustedes tiene acceso a la interminable sucesión de artículos y le sobra el tiempo para leerlos minuciosamente, les deseo suerte. Nos estamos viendo pronto. Punto final.
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